El Servicio de Salud Arauco, a raíz de las informaciones aparecidas recientemente con motivo de la contratación de la asesoría externa, para representar legalmente a este Servicio en demanda civil interpuesta por Socovesa Ingeniería y Construcción S.A. entrega una declaración pública.

1.- La contratación de la asesoría externa del profesional se apegó al proceso de compras, regulado en su reglamento y en la Ley que rige para este tipo de servicios, por lo que es absolutamente válido y legal el procedimiento que como Servicio de Salud hemos adoptado, sin perjuicio de lo cual, nuestro director ha solicitado audiencia a la Contraloría Regional para que revise este proceso y dar mayor transparencia al mismo

2.- Dicha asesoría ha significado un éxito en el resguardo patrimonial del Estado, impidiendo la devolución de boletas de garantías que bordeaban los $2.000 millones de pesos.

3.- Resulta del todo extraño que un contrato y un proceso de licitación conforme a derecho, publicado en la plataforma pública Chilecompras sea hoy noticia, producto de las pérdidas económicas que esto significa para una empresa privada y quitando el foco en el verdadero problema que es la deficitaria construcción que tuvo en su minuto el hospital de Cañete, lo que significó el retardo en la puesta en marcha de la atención de los usuarios de la comuna y la zona sur de la provincia de Arauco.

4.- En este mismo sentido, los defectos en la construcción del recinto puso también en riesgo la integridad de los trabajadores que allí desempeñan sus labores, al utilizar materiales de baja calidad y obras que no cumplían con los estándares mínimos de construcción, todo ello con el objetivo de poner en funcionamiento lo antes posible el hospital, para así satisfacer intereses económicos particulares por sobre el bien común que debiera imperar en las actividades que desarrolla el Estado, ya sea de manera propia o a través de intermediarios.

5.- La estrategia comunicacional desplegada por la empresa, que es contraparte en el proceso judicial, ante el revés que ha sufrido en esta causa ha intentado opacar las decisiones administrativas dirigidas por este servicio de salud, destinadas a proteger y resguardar el patrimonio fiscal contratando una defensa judicial externa, ya que se debe saber que lo que demanda la empresa Socovesa es el pago de una cifra superior $5.000 millones de pesos, amparados en decisiones administrativas anteriores de escaso fundamento ético y legal.

6.- La cantidad de dinero demandada corresponde principalmente a mantenciones, gastos generales, mayores costos y restitución de boletas de garantía de una obra que inicialmente contemplabas plazos de ejecución cuya entrega tácita se realiza el 20 de octubre del año 2013, con un retardo imputable a la propia empresa, cercano a los dos años en donde evidentemente ha existido negligencia culpable del ente privado que se ha traducido en una merma en la oferta de salud que el estado debe proveer a los habitantes de la provincia de Arauco, en el respeto a la garantía constitucional de derecho a la salud de la población usuaria del sistema público.

7.- Entendemos que la revisión de este proceso licitatorio debe ser realizado por el organismo fiscalizador por antonomasia, que regula legalidad de los actos, que en nuestra región está radicado en la Contraloría General de la República, para lo cual ya se han adoptado las medidas conducentes y no por medio de escaramuzas publicitarias, cambiando el foco de atención como estrategia por revertir lo que hasta ahora han sido nuestros triunfos judiciales.

Lebu, 11 de junio de 2013