El ejercicio de fiscalización 2024, implicó la evaluación delas 345 municipalidades del país, revelando un promedio general de cumplimiento del 78,1%, lo que significó un leve descenso de 1,2 puntos respecto al período anterior (2022-2023).

Entre los casos más críticos, la Municipalidad de María Elena obtuvo el puntaje más bajo, con apenas un 2,82% de cumplimiento, seguida de Vicuña (45,18%), María Pinto (45,76%) y Calama (46,06%). En el extremo opuesto, cuatro municipalidades destacaron por alcanzar un cumplimiento del 100%: Providencia, O’Higgins, Osorno y Freirina, consolidándose como referentes en la aplicación de la normativa de transparencia activa.

El informe también subrayó que las materias con mayores niveles de incumplimiento fueron las relacionadas con contratos formalizados mediante órdenes de compra, que presentaron un índice de apenas 37,24%, los pasivos de corporaciones municipales, con un cumplimiento de solo el 27,91% y mecanismos de participación ciudadana en ejecución con un 22,6%. Estos datos evidencian problemas estructurales en áreas cruciales como la gestión presupuestaria y la información vinculada a adquisiciones fuera del sistema de compras públicas.

Desde un análisis regional, las disparidades son evidentes. Los promedios de cumplimiento de las municipalidades de las regiones de Atacama, Aysén y Los Lagos lideraron los resultados con promedios de cumplimiento de 84,7%, 84,1% y 82,2% respectivamente. Por el contrario, las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota y Coquimbo obtuvieron los puntajes más bajos, con promedios que bordearon el 60%.

A nivel de recursos, los municipios clasificados como tipo 1 por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), con mayor capacidad económica, promediaron un cumplimiento de 82,6%, mientras que aquellos clasificados como tipo 5, con menos recursos, solo alcanzaron un 75,6%.

El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, destacó que “Uno de nuestros compromisos es garantizar la transparencia activa en el país. Este proceso no solo busca identificar falencias, sino también aplicar las medidas correctivas que aseguren el cumplimiento de los estándares exigidos por la ley, lo que es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. El 100% de cumplimiento no es una opción, es un deber”.

Las medidas correctivas a las municipalidades con bajo nivel de cumplimiento incluyen la elaboración de planes de acción específicos que permitan subsanar las deficiencias detectadas, tales como la actualización oportuna de la información publicada, la implementación de sistemas de monitoreo interno para asegurar la disponibilidad de datos clave y la capacitación del personal encargado de la gestión de transparencia activa. Estas acciones serán verificadas en futuras fiscalizaciones, y los organismos que no cumplan con estas exigencias podrán enfrentar sanciones adicionales.

El CPLT notificará estos resultados a la Contraloría General de la República y a las comisiones de Gobierno del Congreso Nacional, con el propósito de garantizar el seguimiento de las medidas correctivas implementadas. Asimismo, el informe servirá como base para las fiscalizaciones previstas para 2025, con el objetivo de elevar los estándares de transparencia en todas las municipalidades del país.