Debate por informe internacional reactiva discusión sobre el manejo del recurso

El reciente informe de la Environmental Justice Foundation (EJF), que advierte sobre la presencia de más de 500 buques chinos capturando jibia en el límite de la Zona Económica Exclusiva chilena, reactivó el debate sobre el manejo de este recurso estratégico.

En ese contexto, la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío (ASIPES), Macarena Cepeda, sostuvo que cerca de 100 mil toneladas de jibia autorizadas para captura en 2025 quedaron sin extraer y calificó la Ley 21.134 como “la peor política pública en materia pesquera en la historia de Chile”.

Frente a esas declaraciones, el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) rechazó que la solución sea reinstalar el modelo previo a 2019 y planteó una estrategia distinta, basada en mayor apertura y competencia nacional en alta mar. “La jibia no puede volver a concentrarse en cuatro actores”.

El presidente de CONDEPP, Hernán Cortés, afirmó que el debate no debe centrarse en restituir privilegios históricos, sino en ampliar la participación chilena. “La jibia no puede volver a concentrarse en cuatro incumbentes monopólicos. Si existen toneladas sin capturar, la respuesta no es retroceder, sino abrir los registros para que nuevas empresas chilenas puedan invertir, generar empleo y dinamizar la economía regional”, señaló.

Desde la organización sostienen que democratizar el acceso permitiría ampliar la capacidad productiva, diversificar la industria del Biobío y distribuir de mejor manera los beneficios económicos del recurso.

Competencia en la milla 201, no en los caladeros artesanales

Por su parte, el vocero de CONDEPP, Ramón Chaparro, indicó que la discusión sobre la presión de flotas extranjeras debe abordarse con una estrategia de expansión internacional.

“Si la preocupación es la flota extranjera en la milla 201, entonces compitamos allá, con tecnología que compita con la flota china. No tiene sentido afectar los caladeros artesanales dentro de nuestras 200 millas. Chile debe salir a disputar ese espacio en alta mar”, sostuvo.

CONDEPP enfatizó que una flota industrial chilena puede operar fuera de la Zona Económica Exclusiva, respetando plenamente la pesca artesanal y evitando conflictos internos, pero que no lo hacen porque están acostumbrados a obtener regalos regulatorios obtenidos mediante dudosos procedimientos como es la actual ley de pesca.

La paradoja logística

La organización también apuntó a lo que califican como una contradicción estructural: parte importante de la flota extranjera que captura jibia en aguas internacionales utiliza puertos chilenos para abastecimiento, mantención y servicios logísticos.

“Hoy somos proveedores de servicios para quienes se llevan el recurso. Chile no puede limitarse a fortalecer la logística de flotas extranjeras sin participar activamente en la captura en alta mar. Eso es soberanía económica”, afirmó Chaparro.

Una estrategia de crecimiento nacional

Desde CONDEPP sostienen que el desafío no es “desindustrializar” ni crear pobreza, como acusa ASIPES, sino transformar el modelo productivo, ampliando la base empresarial y fomentando inversión tecnológica nacional. Cortés enfatizó en que la ley de la jibia ha generado miles de empleos en mar y tierra y desafió a Macarena Cepeda a “respaldar la fake news de que se cien mil toneladas han quedado sin pescar”.

La propuesta de la organización incluye: Apertura real de registros para nuevos actores nacionales. Competencia chilena en alta mar con tecnología de punta. Respeto irrestricto a las zonas de pesca artesanal. Diversificación productiva y mayor distribución regional del beneficio económico.

“La jibia es patrimonio de todos los chilenos, no de un grupo reducido de empresas. La respuesta frente a la presión extranjera no es restaurar monopolios, sino abrir oportunidades y recuperar protagonismo internacional”, concluyó el presidente de CONDEPP.

El debate sobre el futuro del recurso continúa abierto, en un escenario donde la sustentabilidad, el empleo regional y la soberanía económica se entrelazan en una discusión estratégica para el país.