Chile discute una emergencia académica, pero ignora una mucho más grave: la emergencia de convivencia en las escuelas.

La violencia en contextos escolares tiene su origen en un sistema que privilegia el aprendizaje de materias por sobre la formación socioemocional del estudiantado, relegada sistemáticamente al fondo de las prioridades.

El viernes pasado, en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, un estudiante mata a una inspectora, hiere a otra funcionaria y a dos alumnos. Es un hecho extremo, inédito en su gravedad en Chile. Pero no es inexplicable. Ni menos imprevisible.

Lo verdaderamente inquietante no es solo lo ocurrido, sino la reacción: el origen de toda violencia escolar se encuentra en la perdida de autoridad del profesorado y que la disciplina se obtiene por medios punitivos.

En Chile, seguimos sin querer ver lo evidente. La violencia en contextos escolares se incuba todos los días en salas de clases donde el matonaje se normaliza, donde el retraimiento se ignora y donde las señales de alerta se minimizan. Porque es más fácil mirar para el lado que hacerse cargo.

Ningún estudiante llega a un acto de esta magnitud sin haber dado señales. Y no siempre son las más evidentes. Muchas veces son silenciosas: aislamiento, humillación sostenida, invisibilidad social, pérdida de sentido. Lo sabemos. Pero no actuamos. Y otras veces preferimos convencernos de que no nos corresponde intervenir en lo que ocurre fuera del aula, como si la violencia tuviera fronteras.

El problema es estructural. Nuestro sistema educacional no está diseñado para detectar ni abordar el riesgo. Está fragmentado. Docentes, equipos directivos y encargados de convivencia operan como compartimentos estancos. Nadie ve el cuadro completo. Nadie se hace realmente responsable.

Y mientras tanto, seguimos atrapados en un paradigma educativo que fracasó. Uno que cree que educar es transmitir contenidos, como si bastara con leer bien, escribir correctamente y resolver ecuaciones. Como si la escuela no fuera, antes que nada, un espacio de convivencia humana.

La evidencia es clara y, aun así, la ignoramos. Si realmente nos importa que los estudiantes aprendan, la Agencia de Calidad de la Educación lo ha señalado sin ambigüedad: la variable que mejor explica el aprendizaje es el clima en el aula. No son los contenidos, no es la infraestructura, no es la cantidad de pruebas. Es el ambiente en el que conviven estudiantes y docentes. Es educar desde el respeto, la confianza y la acogida.

Y sin embargo, ese es justamente el factor que dejamos fuera del debate.

Hemos olvidado algo fundamental: el antónimo de la violencia no es el castigo, es la convivencia.

Y aquí hay una omisión política grave. El gobierno del presidente José Antonio Kast ha declarado una “emergencia” nacional y ha presentado una propuesta de reconstrucción que aborda múltiples dimensiones del país. Pero omite una de las más críticas: la violencia que se está gestando dentro de las escuelas, como si no fuera un problema de seguridad, sino un asunto menor. Y en vez de fortalecer la educación, se recortan más de $500.000 millones, debilitando precisamente aquello que puede prevenir la violencia: la formación socioemocional.

Una violencia silenciosa, cotidiana, normalizada. Una violencia que no aparece en los titulares hasta que es demasiado tarde.

Si no abordamos esto ahora, llegamos tarde. Otra vez.

El desafío es profundo: redefinir los objetivos de la educación. Incorporar de manera estructural el desarrollo socioemocional, la empatía, la resolución de conflictos y el pensamiento crítico. Más aún en un mundo atravesado por la inteligencia artificial, donde el conocimiento está disponible, pero la capacidad de convivir no.

No se trata de agregar contenidos. Se trata de cambiar el propósito.

Porque cuando la violencia se instala en la escuela, ya no estamos fallando en educación.

Estamos fallando como país.