Este sábado 6 de junio, las calles de Penco y Lirquén volverán a llenarse de banderas, lienzos y consignas contra el proyecto minero de tierras raras impulsado por la empresa canadiense Aclara Resources.

La movilización se realizará apenas dos días antes de la votación clave del proyecto en la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío, programada para el lunes 8 de junio, en medio de fuertes cuestionamientos al proceso de evaluación y a las señales políticas entregadas por el gobierno de José Antonio Kast en favor de acelerar inversiones extractivas.

La convocatoria surge en un contexto marcado por la controversia generada luego de que la Delegación Presidencial del Biobío citara a votación el proyecto sin que estuviera publicado el Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE), documento central para el análisis técnico y ciudadano del expediente ambiental. Para organizaciones socioambientales y habitantes de la comuna, aquello constituye una señal de presión política para aprobar una iniciativa altamente resistida por la comunidad.

La movilización “es una demostración de fuerza para nuevamente ser una voz pública que manifieste el rechazo a esta iniciativa minera”, señala Camila Arriagada González, vocera de la campaña “Penco Libre de Minería” y exconsejera regional del Biobío. La dirigenta recuerda que en 2022 más de 9 mil personas participaron en una consulta ciudadana autoconvocada en la que la mayoría rechazó la minería de tierras raras en el territorio.

Una mina a metros de la población

Uno de los principales argumentos del movimiento es la cercanía de las faenas mineras a sectores habitados. “Tenemos poblaciones que estarían a un kilómetro o un kilómetro y medio de las zonas de extracción. Las faenas son enormes, algunas de más de 30 hectáreas, y toda la intervención afectaría la calidad del agua, del aire y del suelo”, advierte Arriagada.

Penco es una comuna donde el mar, los cerros y las zonas urbanas conviven en una geografía estrecha y altamente interconectada. El proyecto contempla intervenciones sobre áreas cercanas al estero Penco, una cuenca que atraviesa toda la comuna y que forma parte del ecosistema del territorio costero.

“La cuenca completa se vería afectada. Nuestra comuna es pequeña geográficamente, entonces cualquier intervención impacta todo el ecosistema”, sostiene la vocera.

A ello se suma el temor por la pérdida de actividades económicas locales ligadas al turismo y la gastronomía. “No queremos perder la identidad de nuestra comuna ni transformarnos en una zona de sacrificio”.

Más de una década de resistencia territorial

En Penco y Lirquén existe una larga trayectoria de organización socioambiental marcada por conflictos anteriores contra proyectos extractivos e industriales.

Uno de los hitos más relevantes fue la resistencia al proyecto Terminal GNL Penco-Lirquén, iniciativa presentada por la empresa Biobíogenera (exOctopus LNG) en 2013 que contemplaba un gasoducto e infraestructura energética sobre la Bahia de Concepción. Aunque el proyecto obtuvo resoluciones favorables en distintas etapas, la comunidad logró frenar parcialmente su avance mediante movilización social y acciones judiciales.

“No se realizó consulta indígena, ganamos en la Corte Suprema y eso invalidó la RCA. Ahí aprendimos que las decisiones administrativas y políticas no son definitivas y que la presión social sí puede cambiar las cosas”, recuerda Arriagada.

La experiencia acumulada en conflictos socioambientales también marca una hoja de ruta para la comunidad. Incluso si el proyecto minero es aprobado el lunes, la disputa continuará en las calles, tribunales ambientales, reclamaciones administrativas e incluso instancias internacionales.

“No es definitivo que el proyecto se apruebe. Ahí se abre otro proceso donde las personas podemos seguir participando activamente en la defensa territorial”, enfatiza.

La dirigenta también menciona conflictos recientes, como la aprobación de un proyecto inmobiliario sobre el humedal Paicaví en Concepción, donde organizaciones vecinales y municipios ya preparan movilizaciones y recursos judiciales para intentar invalidar la resolución ambiental.

Marchar desde Penco a Lirquén: reconstrucción y abandono

La movilización de este sábado recorrerá desde el centro de Penco hasta Lirquén. “Queremos recorrer toda la comuna y también entregar un apoyo solidario al pueblo de Lirquén, que hoy vive una situación muy difícil tras la catástrofe reciente”, explica Arriagada.

La vocera campaña “Penco Libre de Minería” vincula esa emergencia con problemáticas estructurales del modelo forestal y denuncia abandono estatal en los procesos de reconstrucción. “Hay vecinos que todavía están sin soluciones, muchas familias vulnerables que no eran propietarias de sus terrenos y que quedaron en una situación extremadamente compleja”, señala.

En ese escenario, la dirigenta sostiene que las comunidades no han podido participar plenamente en el debate ambiental debido a la urgencia social que atraviesa el territorio. La inminente aprobación del proyecto minero de Aclara Resources es una forma de reproducir esta política de abandono.

Tierras raras, geopolítica y extractivismo “verde”

El conflicto de Penco ocurre en un momento en que las llamadas “tierras raras” se han convertido en minerales estratégicos para las cadenas globales de electromovilidad, baterías, tecnologías digitales, inteligencia artificial y también para la industria armamentista, en medio de un escenario internacional marcado por disputas geopolíticas y conflictos bélicos.

Durante su Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast defendió la reducción de tiempos de evaluación ambiental y cuestionó lo que denominó “maraña de permisos y reclamaciones” que, a su juicio, obstaculizan la inversión. Esta narrativa instala la idea de que la institucionalidad ambiental constituye una traba burocrática y no una garantía democrática de protección ecosistémica y participación ciudadana.

“El gobierno viene a incentivar maniobras que consolidan el modelo neoliberal, donde la geopolítica mundial y los minerales críticos se transforman en un negocio transnacional que no trae beneficios reales a las comunidades”, sostiene Camila Arriagada.

La vocera plantea que detrás del discurso de transición energética se está consolidando un nuevo ciclo extractivista. “Toda esta matriz energética finalmente está pensada para generar más industrias y enriquecer grandes capitales. No hay beneficios sociales ni ambientales para las comunidades”, afirma.

Camila Arriagada alerta sobre el vínculo entre minerales críticos, industria armamentista y conflictos globales. “El tema de la industria bélica y los conflictos internacionales también atentan contra la seguridad de nuestras comunidades. Por eso, esto no es una sorpresa, pero sí una señal de alerta”.

El laboratorio político del nuevo extractivismo

Desde organizaciones como OLCA, el caso Penco comienza a ser leído como un laboratorio político del nuevo ciclo extractivista impulsado desde el Estado: extractivismo de minerales críticos, desmantelamiento de la institucionalidad ambiental y marginación de las comunidades de los procesos de decisión sobre sus territorios, que se impulsa durante el gobierno de Gabriel Boric.

La aceleración de permisos ambientales, la reducción de plazos de evaluación y la presión por “destrabar inversiones”, impuestos por el actual gobierno de ultraderecha, aparecen como parte de una estrategia para consolidar proyectos considerados estratégicos para la economía global, incluso en territorios con amplia oposición social.

En ese contexto, la marcha del sábado 6 de junio trasciende lo local y constituye una disputa sobre el modelo de desarrollo que se intenta profundizar en Chile. “Queremos seguir defendiendo las economías locales, la soberanía alimentaria y el valor del agua y del suelo. No estamos de acuerdo con esta forma de hacer progreso”, concluye Camila Arriagada.

A días de la votación ambiental, Penco y Lirquén vuelven a movilizarse para decir que no aceptarán transformarse en una zona de sacrificio al servicio del extractivismo. Frente a un gobierno empeñado en acelerar inversiones y debilitar controles ambientales, las comunidades insisten en que la defensa del agua, la vida y el territorio no se negocia.

Comunicaciones OLCA