Los daños provocados por el último frente de mal tiempo —que dejó 170 pescadores de Caleta Portales paralizados, diez caletas de Coquimbo aisladas y pérdidas de infraestructura, embarcaciones y artes desde Atacama hasta Valparaíso— y la aprobación unánime en la Cámara del proyecto de ley originado en la tragedia del LM Bruma, ponen de manifiesto que Chile carece de un sistema de protección estable para el sector artesanal. La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal ha mantenido la petición al Ejecutivo de reinstalar en el Congreso la discusión de una plataforma social sectorial, financiada y responsable, que garantice a los pescadores y sus familias condiciones mínimas de seguridad y continuidad frente a eventos de esta naturaleza.

La semana del 21 al 22 de julio, ambas comisiones de Pesca del Parlamento debieron interrumpir o alterar sus agendas legislativas para hacerse cargo de las consecuencias de la emergencia climática sobre la pesca artesanal. En el Senado, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura destinó íntegramente su sesión del miércoles a conocer los daños sufridos por Caleta Portales, en la Región de Valparaíso, donde el temporal destruyó la grúa hidráulica que permite embarcar y desembarcar las naves —financiada por la Dirección de Obras Portuarias y operativa desde 2021—, dejando paralizados a cerca de 170 pescadores y generando un impacto directo en aproximadamente 500 personas vinculadas a la actividad. El costo de reparación fue estimado en cerca de $50 millones por la propia autoridad, sin que el Ejecutivo comprometiera plazos ni definiera la vía de solución.

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Pesca aprobó por unanimidad el proyecto de ley de seguridad marítima originado en la tragedia del LM Bruma —embarcación en cuyo hundimiento perdieron la vida siete tripulantes de la pesca artesanal del Biobío—, lo que pone de manifiesto que el sector opera en condiciones de precariedad estructural que el Estado ha reconocido solo a partir de tragedias. El texto ingresó al período de indicaciones hasta el 3 de agosto, y el propio autor reconoció que requiere patrocinio del Ejecutivo para dotarlo de atribuciones fiscalizadoras efectivas.

La pesca artesanal concentra más de 100.000 empleos directos, y un número mucho mayor de empleos indirectos a lo largo de todo el territorio nacional y sostiene el abastecimiento de proteínas marinas para el consumo interno. Sus trabajadores operan con alta exposición a riesgos climáticos, de seguridad y económicos, sin contar con seguros de operación, fondos de emergencia sectoriales ni mecanismos de cobertura que se activen con la rapidez que las crisis demandan. La flota artesanal en zonas como el Biobío opera mayoritariamente con embarcaciones de madera envejecidas —algunas a más de cien millas de la costa con filtraciones y reparaciones provisorias—, con costos de mantención anuales que pueden alcanzar los $15 millones por embarcación, cifras que los armadores no siempre pueden asumir.

Pascual Aguilera, presidente de FETRAMAR (Federación de trabajadores del mar. Elqui) y vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, señaló que "cada temporada de mal tiempo, cada naufragio y cada crisis de precios nos demuestra que los pescadores artesanales enfrentan solos los riesgos de una actividad que es estratégica para el país. No hay un sistema que nos respalde cuando lo perdemos todo. Eso no es una falla administrativa: es una deuda del Estado."

Tanto el caso del LM Bruma como los daños provocados por el último temporal reproducen un patrón recurrente: la emergencia evidencia la carencia, el Congreso reacciona con proyectos específicos, y el Ejecutivo posterga compromisos de financiamiento y cobertura.

La tragedia del Bruma, ocurrida hace más de dos años, derivó en un proyecto de ley cuya aprobación inicial en Comisión se celebró esta semana como "el primer proyecto aprobado en el período". Caleta Portales perdió, en horas, la única infraestructura de embarque que le permite operar, con un costo de reparación de $50 millones y sin certeza sobre cuándo será restituida.

Sara Garrido, Presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal y vocera de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, manifestó que "detrás de cada persona paralizada que realiza actividades de pesca, ya sea tripulante o de actividades conexas (encarnadoras y fileteadoras de Caleta Portales y San Antonio, por ejemplo), hay una familia que no recibe ingresos. Cuando una caleta queda sin grúa, sin muelle o sin embarcación, las mujeres somos las primeras en absorber ese impacto.

Necesitamos una política pública que no espere la catástrofe para hacerse presente."

La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal solicita al Ejecutivo reinstalar en el Congreso la discusión de una plataforma social sectorial para la pesca artesanal que contemple seguros de operación, fondos de emergencia de activación inmediata y cobertura de salud y previsión adecuada a las características del trabajo en el mar; comprometer indicaciones concretas al proyecto de ley BL 18.198 antes del 3 de agosto, dotándolo de atribuciones fiscalizadoras efectivas y recursos suficientes para su implementación a lo largo de todo el litoral; y presentar un catastro completo de los daños sufridos por la pesca artesanal en el último período de emergencias climáticas, con un plan de reposición y plazos definidos.

"La pesca artesanal no puede seguir siendo el sector que el Estado recuerda solo cuando hay un naufragio o una catástrofe. Chile tiene una deuda histórica con quienes alimentan al país desde el mar, y esa deuda se paga con política pública estable, financiada y responsable, no con oficios y promesas sin plazos", finalizó declarando Hernán Cortés Bernal, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal.