Serían seis los parques eólicos marinos proyectados en el Golfo de Arauco; el gremio solicita un estudio de impacto económico-social independiente.

El Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) hace presente su preocupación por las solicitudes de concesión marítima de seis parques eólicos marinos en el Golfo de Arauco, cuya potencia combinada superaría la capacidad energética hoy instalada en la Región del Biobío. Los titulares declaran menos de 25 puestos de trabajo permanentes por proyecto en su fase de operación, frente a un sector pesquero artesanal del que dependen miles de familias de la Octava Región. CONDEPP solicita un Estudio de Impacto Económico-Social (EISE) independiente, financiado por los titulares e incorporado a cada Estudio de Impacto Ambiental, antes de cualquier aprobación.

El gremio detalló que los proyectos —Isla Santa María, Brisas Marinas, Espejo de Agua, Viento Azul, Agua Azul y Golfo de Arauco— contemplan tecnología eólica flotante y concesiones de 30 años, con titulares vinculados a capitales extranjeros como Deep Wind Offshore (Noruega) y Acciona (España). En conjunto sumarían del orden de 5.970 MW, cifra que supera los 5.316 MW hoy instalados en toda la región. El mayor, Isla Santa María, considera 75 aerogeneradores flotantes y una inversión declarada de USD 5.000 millones.

La agrupación advierte que no se ha evaluado el efecto acumulado de la saturación del espacio marino que significaría la operación conjunta de los seis proyectos: la pérdida de caladeros históricos, la fragmentación del espacio costero, rutas de navegación más largas y complejas, el mayor riesgo en las maniobras de las embarcaciones —sobre todo en condiciones climáticas adversas— y la posible afectación de las especies y los ecosistemas por el ruido submarino, la alteración del fondo marino y la presencia permanente de estructuras y cableados. Ninguno de estos efectos ha sido cuantificado de manera integral.

CONDEPP recuerda que el Golfo de Arauco sustenta tres pesquerías artesanales de relevancia nacional. Lebu, el mayor puerto pesquero artesanal de Chile, concentra la pesca de reineta —con más de 690 embarcaciones y 400 encarnadoras organizadas— y buena parte de la de jibia, cuya comuna ha representado hasta el 85% del desembarque nacional. A ello se suma la pesca pelágica de sardina común, anchoveta y jurel. El valor bruto de desembarque de las tres actividades se estima en torno a los $100.000 millones anuales.

Al respecto, Hernán Cortés Bernal, presidente de CONDEPP y FENASPAR, manifestó que "estamos ante una transformación sin precedentes del golfo, y la pregunta que nadie ha respondido es la más simple: ¿puede convivir este desarrollo energético con la pesca artesanal? No estamos contra la energía limpia. Estamos contra que se instale sobre el principal puerto artesanal de Chile sin que nadie haya medido, siquiera, cuál será el beneficio real para la región y cuánto van a perder los pescadores, ¿se están poniendo en riesgo 35.000 empleos directos e indirectos (sardina- Anchoveta , reineta y jibia  orilleros , algueros y buzos  ) por 25 empleos por parque?”.

El gremio advierte una asimetría de empleo: en operación, cada parque declara una dotación inferior a 25 personas, mientras que solo en Lebu más de dos mil tripulantes y cuatrocientas encarnadoras dependen de las faenas de reineta y jibia, a lo que se suman cerca de dos mil tripulantes de la flota pelágica del golfo. Añade que la energía proyectada se orienta principalmente al hidrógeno verde y su cadena exportadora, y no al abastecimiento local.

CONDEPP da a conocer que las seis solicitudes forman parte de nueve proyectos eólicos marinos en tramitación en el país, enmarcados en instrumentos de fomento como la Política Nacional Costera y el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030. Uno de ellos ya solicitó conectarse al Sistema Interconectado Central mediante una línea de alta tensión de 500 kV y cerca de 220 kilómetros, sin que exista un estudio que cuantifique el perjuicio que la saturación del golfo causaría sobre la pesca artesanal.

Cortés fue tajante: "Quien invierte miles de millones de dólares en el golfo bien puede financiar el estudio que diga, con cifras, cuánto daño le hace a los que viven del mar. Pedimos lo mínimo: que se mida el perjuicio, que se escuche a las caletas y que no se apruebe nada a espaldas de la región".

En atención a lo anterior, CONDEPP solicita a la autoridad ambiental y a los titulares un Estudio de Impacto Económico-Social (EISE) independiente, financiado por los titulares e incorporado a cada Estudio de Impacto Ambiental, que aborde de manera diferenciada las pesquerías reineta, jibiera y pelágica —incluido el trabajo de la Mesa de Encarnadoras de Lebu— y el efecto acumulado de la saturación del espacio marino sobre caladeros, navegación, seguridad y ecosistemas. Pide, además, garantizar la participación ciudadana y la consulta indígena que corresponda, y que ninguna Resolución de Calificación Ambiental se apruebe sin cuantificar antes, con metodología pericial, el perjuicio sobre la pesca artesanal del golfo.