Líderes gremiales de la pesca exhortaron a la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), en inglés South Pacific Regional Fisheries Management Organisation, (SPRFMO) a resolver de inmediato la falta de interpretación simultánea al español en la reunión de su Comité Científico (SC14), que se realiza en Tórshavn, Islas Feroe, y que continuará la próxima semana con decisiones clave para el manejo sostenible del calamar gigante o pota.

Cabe recordar que la propia Comisión de Administración y Finanzas (FAC) de la OROP-PS había aprobado, tras años de gestiones, un Fondo para la Interpretación al español destinado a garantizar la participación efectiva de los países hispanohablantes en el organismo. Sin embargo, en la actual reunión del Comité Científico dicho compromiso no se ha cumplido, bajo el argumento de que no se habría conseguido un proveedor del servicio.

Alfonso Miranda Eyzaguirre, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (CALAMASUR), calificó lo ocurrido como una "lamentable omisión" que debe resolverse de inmediato: "No es aceptable que, habiendo la propia organización reconocido la necesidad de contar con interpretación al español y habiendo aprobado un fondo específico para ello, hoy se use la falta de un proveedor como excusa. La interpretación simultánea está disponible en cualquier parte del mundo hace décadas. Lo que está en juego no es un detalle logístico, sino la capacidad real de los países que aportamos el 99% del recurso para participar en pie de igualdad en decisiones que definen el futuro del calamar gigante."

Por su parte, Elsa Vega, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL), instó al Estado peruano a reclamar formalmente ante la OROP-PS: "Los pescadores artesanales de pota ya enfrentamos suficientes desventajas frente a las flotas industriales de aguas distantes. Que además se nos limite el idioma en el que se discute el futuro de nuestro propio recurso es un nuevo acto de discriminación que el Perú no puede permitir en silencio. Le pedimos a nuestro gobierno que exija una explicación y una solución inmediata."

Desde Chile, Pascual Aguilera, dirigente de la pesca artesanal de jibia, se sumó al reclamo y llamó a su gobierno a actuar en la misma línea: "Los pescadores artesanales de jibia en Chile merecemos tener voz plena en estas reuniones en las que se decide el futuro de especies como la jibia y el jurel que se extraen por pescadores artesanales que hablan español. Si no hay interpretación, en la práctica quedamos afuera de la conversación. Le pedimos al gobierno de Chile que se pronuncie junto a Perú y Ecuador para exigir que esto se corrija ahora, no después de que se tomen las decisiones sobre el calamar gigante."

Los tres dirigentes coincidieron en que la omisión ocurre en un momento especialmente sensible, pues el Comité Científico de la OROP-PS debe adoptar en los próximos días decisiones determinantes para el manejo sostenible del calamar gigante, recurso del que depende la pesca artesanal de Perú, Chile y Ecuador, y exhortaron a la Secretaría y a la Presidencia de la Comisión —a cargo actualmente de la Sra. Jung-re Riley Kim (República de Corea)— a restablecer de inmediato la interpretación al español en lo que resta de la reunión.

Por qué esto no es un detalle menor

La OROP-PS administra pesquerías de las que aproximadamente el 99% se captura frente a las costas de Ecuador, Perú y Chile, países de habla hispana. Que sus representantes —incluidos los técnicos y pescadores artesanales cuyos intereses están en juego— deban seguir, discutir y negociar decisiones técnicas complejas en inglés, sin interpretación disponible, coloca a estos países en una desventaja real frente a las delegaciones angloparlantes y frente a las flotas industriales de aguas distantes, que sí operan con comodidad en el idioma de trabajo de la organización.

El resultado práctico es una asimetría de poder de negociación: no se trata solo de una cuestión de cortesía idiomática, sino de la capacidad efectiva de un país miembro para influir en decisiones que afectan directamente el sustento de sus pescadores artesanales.