Durante el año 2015, los movimientos sociales en materia de derechos Humanos (ddhh), particularmente los ex presos políticos estuvieron muy activos y marcaron el fin de un ciclo político en esta materia. Pese a una huelga de 90 días en la ciudad de Punta Arenas, 73 días en la ciudad de Osorno.

Fue así como se lanzó una huelga de hambre, tomando la iniciativa las ciudades de San Felipe, Rancagua y Osorno. Rancagua, en tanto fue portavoz de la primera huelga mantuvo esa calidad, en coordinación con el secretariado nacional.

Hoy día señalan que ese movimiento de huelga fue exitoso, ya que convoco a 20 ciudades a lo largo y ancho del País, llegando a estar en huelga más de un centenar de ex presos políticos, hombres y mujeres. La opinión pública se hizo eco del movimiento y un vasto sector de solidaridad los apoyaron tanto en Chile como en el extranjero; la huelga se prolongó por más de 80 días en todo el País, pese al retiro de Rancagua y otros lugares al completar los 41 días de dicha huelga.

El Gobierno de esta forma se vio sorprendido, y no tuvo lugar a una contrapropuesta alguna durante los primeros 15 días pues Mamud Aleuy apostó por el agotamiento de los huelguistas sin tener la más mínima intención de escuchar a uno de los sectores más golpeados de la dictadura militar de Pinochet. Finalmente apareció un mediador en la figura del Obispo Goic y el gobierno redacto un preacuerdo para terminar con la huelga; este preacuerdo fue rechazado por el secretariado nacional y la mayoría de las huelgas en regiones por la sencilla razón que no entregaba respuesta concreta alguna ni un real compromiso del gobierno para poder negociar, se respondió al gobierno entonces con una redacción de un preacuerdo que nunca fue aceptado por el gobierno.

Finalmente, al llevar 80 días de huelga, estos, acordaron suspender el movimiento ya que resultaba evidente en ese momento que el gobierno había logrado dividir y que no se inmutaban al ver el estado físico de los huelguistas, y dejando en claro que menos le importa a este sistema protector del empresariado, ser el garante de cómo ellos como gobierno legislar para que los crímenes de lesa humanidad sean declarados imprescriptibles en la legislación chilena, definir el concepto de tortura e incorporarlo a nuestro Código Penal y varias más; que no es más que la concreción del proyecto de Sebastián Piñera en dichas materias y por otro lado entrega instrucciones al Consejo de defensa del estado para oponerse en nombre del Fisco a reparar en forma digna a las víctimas de violaciones a los derechos Humanos en los Juicios civiles ante los Tribunales.

No se logra entender que en materia de gobierno se proponga avanzar en terminar con la impunidad y se mantenga el Penal de Punta Peuco, no se entreguen más recursos al programa de derechos humanos del Ministerio del interior para perseguir en justicia a los violadores de DD.HH y no se levante una política clara para presentar querellas criminales, por torturas en contra de los agentes civiles y militares que reprimieron en forma brutal a los Chilenos durante toda la dictadura militar y que lo siguen haciendo, tal cual las denuncias de los últimos Juicios que se llevan adelante en contra de Mapuches en donde agentes del estado, en testimonios de los propios afectados, queda en claro que las torturas siguen vigentes y más vivas que nunca, y que estos supuestos garantes de un estado de derecho, todavía gozan de impunidad que les otorga el decreto Ley de Amnistía dictado por Pinochet en 1978.

Parte de la directiva de la agrupación de ex presos Políticos “Salvador Allende”, llamados así desde unos días se encuentran en la Provincia realizando una serie de reuniones en las 7 comunas de la Provincia de Arauco, buscando redactar un texto y testimonios de lo que significo y ha significado los apremios ilegítimos y de esta forma preparar la acusación constitucional; en este sentido se suman las mujeres quienes de una u otra forma fueron también las más perjudicadas en sus integridades físicas y personales.

Katalina Paulsen Lopez, junto a Néstor Catilao Durán, en uno de sus primeros encuentros realizados en Contulmo, verán en terreno varios casos que se sumaran a las demandas para colocarlas como tema en la mesa de alto nivel que en 26 años no se ha logrado en buena forma conseguir lo que Tribunales Internacionales, están exigiendo simplemente se cumplan, tal el caso de los Mapuches acusados y pasados por Cárceles, que se determinó una sentencia por una corte Internacional.

Nelson Sanzana, actual concejal de la Comuna de Contulmo, es quien ha coordinado la visita de estos importantes directivos de la agrupación nacional de expresos políticos, quiénes también señalan que la respuesta ha sido muy clara por parte del gobierno y es que simplemente el gobierno de Bachelet busca perpetuar los acuerdos y leyes de amarre del principio de la transición, qué son de público conocimiento y además a nuestro entender, busca proteger a la familia militar a la que ella pertenece, señalan los directivos.