"En 3 meses no se ha visto ningún despliegue o fiscalización por parte de los servicios públicos respectivos. No se respeta nada", señaló el abogado patrocinante de las acciones judiciales. Coronel es la 2da comuna con más casos COVID-19 en Biobío.

Inmediatas reacciones genera el caso surgido tras difundirse la ocupación ilegal de un terreno destinado a viviendas para familias de Coronel, en calle Carlos Aguilera Cifuentes, sector "La Peña 2".

A través del abogado Alvaro Gómez, los afectados por la toma solicitaron una fiscalización del Servicio de Salud. Denuncia motivada por constituir un foco de contagio y riesgo sanitario, puesto que ahí no existen alcantarillados, agua potable o energía eléctrica; a lo que suman prácticas como la acumulación de desechos y la quema de basura en grandes fogones.

"Hacemos un llamado al Servicio de Salud, para que se haga presente en el lugar y pueda constatar las condiciones de las personas que ocupan ilegalmente el terreno, como también el riesgo de los propietarios y vecinos aledaños a este foco de inseguridad humana y sanitaria", señaló Alvaro Gómez, abogado de Empresas Martabid y patrocinante de la demanda civil que la inmobiliaria ha interpuesto. (Rol C – 652-2020 del 1º Juzgado Civil de Coronel)

"Vemos con profunda preocupación que el sector se ha ido convirtiendo en un foco de alto riesgo sanitario, toda vez que estos ocupantes ilegales no cuentan con servicios básicos para asearse, no tienen agua potable o alcantarillado. Riesgo que además se hace extensivo a todos los vecinos de Coronel", destacó el abogado del caso.

Coronel suma 144 casos actuales de COVID-19, siendo la 2da comuna con más contagios; sólo superada por Concepción.

La solicitud de fiscalización y las acciones legales buscan revertir la resolución del Tribunal de Garantía de Coronel, que de manera insólita fijó plazo para formalizar a los ocupantes del terreno, recién para fin de año, (RIT 1446-2020 del Juzgado de Garantía de Coronel).

Ello significa que los ocupantes ilegales no serán desalojados y que por tanto se mantiene el foco de contagio y riesgo sanitario hasta que se dicte alguna resolución judicial que ordene el desalojo del terreno.

Junto a lo anterior, la inmobiliaria en paralelo también ha ejercido acciones civiles, las que también han sufrido una demora y retardo inexplicable en su tramitación.