Hace días atrás el país fue sorprendido con una iniciativa parlamentaria que pretendía restaurar la Justicia Militar.

Al momento recordé que, durante mi práctica profesional, me correspondió tramitar procedimientos en las Fiscalías militares de Santiago, aunque la verdad es nunca pude ver un expediente: eran secretos y no te daban acceso al mismo.

Nuestro Abogado Jefe, Nelson Caucoto, para que no nos desanimáramos, nos explicaba que no importaba lo que hiciéramos, lo que descubriéramos, los hechos que demostráramos, los medios de prueba que acompañáramos: siempre íbamos a perder. Siempre los militares serían absueltos (o tendrían una pena irrisoria) y los civiles castigados.

Pero que, ni por un momento, podíamos dejar de hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance, pues la esperanza estaba en que el juez militar dictara el fallo, que apeláramos ante la Corte Marcial (que, dicho sea de paso, está en el subterráneo del Palacio de Tribunales) y que, finalmente, la arbitrariedad fuera tan grosera que tuviéramos causal suficiente para recurrir a la Justicia civil: la Corte Suprema.

Y mientras nos hablaba, detrás de él, desde el piso hasta el techo, se acumulaban centenares de tomos de causas tramitadas en las Fiscalías militares. Casi todas perdidas. Todas testimonio de lo que significa, para un país, la Justicia Militar.

Foto: Cómo olvidar la imagen del "Fiscal Torres" símbolo de la "Justicia Militar" de la Dictadura.
Fue condenado en el caso del homicidio de Eugenio Berríos (10 años y un día).
Condenado en calidad de cómplice por la muerte de Tucapel Jiménez.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, firma decreto de indulto en su favor y muere a los 81 años.