En estos días, el Congreso está debatiendo un proyecto que busca ajustar el aporte fiscal a candidatos y partidos por voto en elecciones. Esta iniciativa ha suscitado un intenso debate público.

 Cuando se legislo en distintos momentos sobre el financiamiento público de la política se hizo en contextos muy distintos al actual. Teníamos una suerte de voto voluntario en la práctica (con inscripción en padrón electoral y poca eficacia para sancionar a infractores que no acudían a votar) y luego en la forma en 2012. Se indexo monto de devolución por voto al valor de la UF y teníamos una inflación que no implicaba amenaza. El regreso del flagelo de la inflación sumado al cambio de reglas electorales (por reposición del voto obligatorio) obliga a revisar el financiamiento electoral.

Uno de los principales argumentos a favor de esta reforma es la búsqueda de una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. El gasto en campañas electorales ha crecido de manera sostenida, y en tiempos de restricciones presupuestarias, es fundamental garantizar que cada peso invertido en el proceso electoral genere un verdadero valor añadido a nuestra democracia.

El vínculo entre dinero y política es otro aspecto que esta reforma busca abordar. La dependencia excesiva de grandes sumas de dinero para financiar campañas puede desvirtuar el proceso democrático. Menores aportes fiscales podrían incentivar un mayor acercamiento entre los políticos y sus votantes, promoviendo una política más centrada en el contacto directo y el diálogo. Además, serviría para desincentivaría las “pymes electorales” y aventuras de los independientes.

Asimismo, la reforma podría fomentar una mayor participación ciudadana en el proceso de financiamiento electoral. Este proceso puede mejorar la percepción de legitimidad y representatividad de las campañas, generando un mayor compromiso ciudadano con el sistema democrático.

La sostenibilidad financiera del sistema político es también un argumento importante. En un contexto de restricciones presupuestarias y demandas crecientes en áreas como la salud, la educación y la seguridad, es esencial que los recursos públicos se asignen de manera eficiente.

En definitiva, la necesaria reforma del financiamiento electoral en Chile es una necesidad urgente para mejorar la eficiencia, transparencia y equidad de nuestro sistema democrático.

Por: Dr. Marco Moreno / Académico Universidad Central