Celebramos la reciente aprobación por amplia mayoría del proyecto de Ley que reconoce el derecho al cuidado y crea un sistema ad-hoc para garantizarlo.

 Es un avance relevante para una política que representa un acto de justicia y dignidad de las personas que requieren apoyos y cuidados, así como para quienes cumplen la trascendente labor de cuidar.

Esperamos que, tal como ha ocurrido hasta ahora, su tramitación en el Senado sea constructiva y expedita, para poder entregar al país una política pública que aborde y resuelva las dificultades actuales y futuras de la llamada “crisis de los cuidados”. Para ello, desde la evidencia y nuestra experiencia institucional, creemos relevante enfocarse en ciertos desafíos que permitan la mejora del proyecto.

En primer lugar, es necesario equilibrar el foco en torno a los programas de apoyo en relación a lo avanzado en materia de cuidados, relevando el protagonismo de las propias personas para avanzar y profundizar en su derecho a la autonomía y vida interdependiente, incluidos en su comunidad.

Es importante establecer mecanismos que permitan garantizar la calidad de los servicios y prestaciones, en cuanto a frecuencia, intensidad, pertinencia territorial, alcance, progresividad y universalidad, con proyección de financiamiento adecuado y suficiente.

Por último, se requieren ajustes en la institucionalidad propuesta, para desconcentrar las responsabilidades dadas a la Subsecretaría de Evaluación Social y promover la intersectorialidad e interseccionalidad del sistema, asegurando la articulación entre lo público, lo privado y la comunidad en una labor conjunta como pilar del sistema de protección.

Estamos convencidos que la futura y pronta aprobación de este proyecto reparará una deuda social por tantos años invisibilizada, instalando a los apoyos y cuidados como una co-responsabilidad social, del Estado, la familia y toda la sociedad.

María Isabel Robles - Directora Programas de Apoyo y Cuidados, Hogar de Cristo