Hay decisiones que ninguna mujer quisiera enfrentar. Descubrir que el feto es inviable, saber que el embarazo pone en riesgo su propia vida o quedar embarazada producto de una violación son experiencias que ninguna sociedad debiera trivializar. Precisamente por ello, Chile aprobó una ley que permite la interrupción del embarazo en estas tres causales excepcionales.

No fue una decisión fácil. Durante años el país debatió desde convicciones religiosas, filosóficas, jurídicas y médicas profundamente distintas. Finalmente, la democracia hizo lo que corresponde cuando existen visiones contrapuestas: deliberó, buscó un equilibrio y aprobó una ley que reconoce que, en circunstancias extraordinarias, la decisión final corresponde a la mujer.

Por eso el proyecto del diputado Cristián Urruticoechea, que pretende obligar a las mujeres a escuchar los latidos del corazón del feto antes de ejercer ese derecho, no es un simple cambio procedimental. Es un intento por alterar, mediante una carga emocional deliberada, el equilibrio que la democracia ya alcanzó.

Escuchar esos latidos no entrega nueva información médica. No mejora el consentimiento informado. Su objetivo es otro: intentar influir emocionalmente en una decisión que la propia ley reconoce como legítima.

Y ahí aparece el verdadero problema.

No son los latidos. Es el machismo.

Es la persistencia de una cultura que sigue creyendo que las mujeres necesitan tutela para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Que supone que una mujer adulta, plenamente informada, acompañada por profesionales de la salud y protegida por la ley, no es suficientemente capaz de decidir sin que el Estado intervenga para inducirla emocionalmente hacia una determinada conducta.

Resulta llamativo que estas iniciativas provengan, una vez más, desde quienes rara vez impulsan con la misma fuerza proyectos para reducir la brecha salarial, facilitar la conciliación entre maternidad y trabajo, reconocer el peso desproporcionado de las labores domésticas o combatir la violencia contra las mujeres. Pareciera que el cuerpo femenino sigue siendo un territorio sobre el cual algunos creen tener autoridad moral para legislar, incluso en las circunstancias más dolorosas.

Es fácil hablar de heroísmo cuando el embarazo nunca ocurrirá en el propio cuerpo. Es fácil exigir sacrificios cuando las consecuencias físicas, psicológicas y sociales siempre las asumirá otra persona.

La democracia existe precisamente para resolver estos conflictos. No para eliminar las diferencias, sino para permitir que personas con convicciones distintas convivan bajo reglas comunes. Eso fue lo que hizo la ley de las tres causales. Nadie fue obligado a renunciar a sus creencias. Quienes consideran que el aborto nunca es moralmente aceptable mantienen intacto su derecho a actuar conforme a su conciencia. Pero tampoco pueden utilizar el poder del Estado para imponer esa convicción a quienes, en las circunstancias excepcionales previstas por la ley, toman una decisión distinta.

El deber del Estado es informar, acompañar y proteger. No manipular emocionalmente. No sustituir la conciencia de las personas. No tratar a las mujeres como si fueran incapaces de comprender la gravedad de la decisión que enfrentan.

Porque el problema nunca fueron los latidos.

El verdadero problema es que todavía hay quienes creen que las mujeres necesitan permiso, tutela o corrección para ejercer un derecho que la propia democracia ya les reconoció.