Desde la Región del Biobío, el Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero señaló que el término de las actuales licencias en 2032 abre la oportunidad de establecer reglas más competitivas y transparentes para la administración de los recursos del mar.

En el marco de la visita del Presidente José Antonio Kast a la Región del Biobío, el Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) planteó la necesidad de avanzar hacia una legislación pesquera más transparente y competitiva, que permita recuperar la legitimidad de las reglas que ordenan el sector.

La organización, que representa a pescadores artesanales de distintas zonas del país, destacó que la pesca artesanal forma parte de la identidad histórica y productiva del Biobío y que miles de familias dependen de esta actividad. En ese contexto, señalaron que las decisiones públicas sobre los recursos del mar deben regirse por principios de transparencia y probidad.

El presidente de CONDEPP, Hernán Cortés, valoró además el inicio de la gestión del nuevo subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, destacando su trayectoria académica y experiencia en materias regulatorias vinculadas al sector.

“Creemos que el principal desafío de la política pesquera hoy es recuperar la legitimidad de las reglas que ordenan el sector”, señaló Cortés, quien agregó que el país enfrenta una oportunidad para avanzar hacia un sistema más transparente en la asignación de los recursos marinos.

Desde la organización plantearon que el término de las actuales licencias industriales en 2032 podría abrir el camino para implementar licitaciones públicas de cuotas, lo que —a su juicio— permitiría establecer un sistema basado en reglas competitivas y abiertas.

Asimismo, indicaron que un mecanismo de licitación transparente podría contribuir a financiar una plataforma social orientada a fortalecer la seguridad social de los pescadores artesanales, mejorar las condiciones de trabajo en las caletas y promover la sostenibilidad de las pesquerías.

Según CONDEPP, avanzar hacia un modelo con mayor competencia y transparencia permitiría construir una institucionalidad pesquera más legítima, alineada con el interés general y con estándares modernos de administración de los recursos del mar.

Finalmente, la organización reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en el desarrollo de una política pesquera que combine competencia, sostenibilidad y apoyo a las comunidades costeras.