La fiscalización municipal 2026 del Consejo para la Transparencia muestra avances significativos en el país. Sin embargo, los resultados de la Provincia de Arauco revelan trayectorias diferentes, incluyendo retrocesos que plantean interrogantes sobre las capacidades institucionales y las responsabilidades de dirección necesarias para sostener el cumplimiento.

La fiscalización municipal 2026 del Consejo para la Transparencia registró el mayor nivel de cumplimiento de transparencia activa desde que comenzaron las evaluaciones en 2012. El promedio nacional llegó al 88,5% y el de la Región del Biobío al 88,7%. Son resultados alentadores para una política pública que busca hacer efectivo el derecho ciudadano a conocer y examinar la actuación de sus instituciones.

Sin embargo, el avance agregado no describe por completo lo que ocurre en los territorios. En la Provincia de Arauco, el promedio simple de sus siete municipalidades aumentó de 83,18% en 2025 a 86,22% en 2026. Esa mejoría convive con trayectorias muy distintas y plantea una cuestión que merece atención: tan importante como alcanzar mejores estándares es disponer de capacidades para sostenerlos.

Arauco obtuvo un 96,93% de cumplimiento y Cañete un 95,24%. Curanilahue pasó de 73,33% a 91,06%, mientras Los Álamos aumentó de 69,27% a 81,58%. En cambio, Tirúa descendió de 88,13% a 87,05% y Contulmo de 80,46% a 74,70%. Lebu registró la mayor caída interanual de la provincia, al pasar de 88,02% a 76,97%.

Es precisamente la evolución de Lebu la que requiere una mirada más detenida. En 2024 había obtenido un 79,49%; en 2025 alcanzó un 88,02%, superior al promedio nacional de ese año. La fiscalización de 2026, en cambio, la situó por debajo de su propio resultado de 2024 y a 11,53 puntos porcentuales del promedio nacional actual. Mientras los promedios del país y de la provincia aumentaron, la capital provincial perdió 11,05 puntos en un año.

El contraste es significativo, pero su interpretación exige precisión. El Consejo fiscaliza la disponibilidad, actualización y completitud de la información que debe publicarse; sus puntajes no identifican, por sí solos, las causas de cada variación. Además, la aplicación de una nueva instrucción de transparencia activa durante 2026 introduce cautelas metodológicas al comparar períodos. Por ello, sería improcedente deducir de estas cifras una conducta negligente, y tampoco permiten afirmar una tendencia decreciente ininterrumpida.

Reconocidos esos límites, subsiste una pregunta legítima de gestión pública: ¿qué condiciones permitieron a Lebu mejorar su cumplimiento en 2025 y qué ocurrió para que ese resultado no se sostuviera al año siguiente? La pregunta no presupone una respuesta. Precisamente por eso corresponde conocer en qué materias se detectaron las deficiencias, qué explicación institucional existe y qué medidas correctivas se han implementado o previsto.

El asunto trasciende una evaluación anual. La Ley N.º 20.285 representó un avance decisivo en la modernización del Estado al establecer obligaciones exigibles de publicidad y acceso a la información. Pero disponer de reglas, plataformas y fiscalizadores no garantiza que la transparencia se incorpore plenamente a la cultura de trabajo municipal. Publicar antecedentes para cumplir una exigencia y organizar los procesos administrativos para producir información pública completa y oportuna no son prácticas equivalentes.

Las diferencias de presupuesto, dotación, equipamiento o formación profesional entre municipalidades deben reconocerse. Sería irreal exigir idénticas condiciones operativas a instituciones con recursos y desafíos territoriales dispares. Sin embargo, esas restricciones también interpelan la capacidad de dirigir: ordenar procesos, asignar responsabilidades, mejorar la coordinación y fundamentar las necesidades de apoyo que no pueden resolverse internamente son funciones propias de la gestión pública.

Aquí conviene evitar un desplazamiento habitual de las responsabilidades hacia el último eslabón del procedimiento. Quien administra el portal de transparencia depende, en numerosas materias, de antecedentes elaborados por otras unidades. Cuando la entrega de información requiere coordinación entre ellas, los procedimientos y la supervisión no pueden descansar exclusivamente en la diligencia del encargado de publicarla.

El marco jurídico permite situar esa obligación de conducción. El artículo 56 de la Ley N.º 18.695 atribuye al alcalde la dirección, administración superior y supervigilancia municipal. Asimismo, el artículo 4 de la Instrucción General sobre Transparencia Activa, aprobada por la Resolución Exenta N.º 80 de 2026, incluye a la autoridad superior entre los responsables del cumplimiento, junto con quienes proveen, publican y controlan la información. Esto no implica atribuirle automáticamente una infracción administrativa: las eventuales responsabilidades individuales deben establecerse mediante los procedimientos respectivos.

La cuestión de fondo es otra. La transparencia debe integrarse desde el origen a la gestión presupuestaria, las contrataciones, los actos administrativos y los sistemas documentales. Si depende de solicitudes reiteradas o de correcciones de última hora, el problema merece ser examinado también como un desafío de organización y gestión del cambio, no únicamente como una falla de publicación.

En las municipalidades que retrocedieron, y particularmente en Lebu por la magnitud de su variación, sería valioso disponer de una explicación pública sobre los factores identificados y las decisiones adoptadas para recuperar el cumplimiento. No se trata de anticipar responsabilidades ni de desmerecer los avances de otras comunas. Se trata de aplicar un criterio común: reconocer los resultados favorables y pedir cuentas por los deterioros, con la misma exigencia de evidencia.

La transparencia municipal se consolida cuando deja de depender de esfuerzos aislados y pasa a formar parte de la manera habitual de administrar. La fiscalización ofrece una fotografía necesaria; la tarea de la dirección pública consiste en construir las condiciones para que los avances sean sostenibles. Y cuando una institución retrocede, la respuesta más convincente no es desplazar las dificultades hacia sus funcionarios, sino mostrar cómo se están conduciendo las correcciones.