Los documentos destruidos en estos archivos son insumos indispensables para los procesos judiciales, en tanto permiten identificar patrones de responsabilidad estatal, establecer cadenas de mando y aportar pruebas en causas de desaparición forzada o crímenes de lesa humanidad.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó, en un fallo unánime, las condenas de tres oficiales en retiro del Ejército por la incineración de archivos microfilmados de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Dicha actuación del personal militar impidió contar con información relevante entre 1980 y 1982 en torno al funcionamiento de este organismo de la dictadura encargado de la represión.

El tribunal ratificó las penas para el general de Brigada (r) Eduardo Jara Hallad y la teniente coronel (r) Mercedes Rojas Kuschevich, ambas de 3 años y un día de reclusión, en calidad de autores del delito de infidelidad de custodia de documentos. En tanto, el general de División (r) Carlos Chacón Guerrero recibió una pena de 200 días de reclusión como encubridor de la misma infracción.

Los hechos fueron perpetrados entre 2000 y 2001: por orden del general Jara Hallad, la teniente coronel Rojas Kuschevich coordinó la destrucción de archivos microfilmados de la CNI. Tras inspeccionar dicho material en dependencias de Contrainteligencia de la DINE, Rojas Kuschevich ordenó a los suboficiales Luis Zúñiga y Osvaldo Ramírez trasladar documentos a la localidad de Nos. Ahí, en la Escuela de Inteligencia, los archivos fueron quemados de forma irregular y sin dejar registro legal. Pese a la falta de actas, el operativo fue reportado al jefe del Estado Mayor de la época, el general Carlos Chacón.

En su calidad de responsable de la custodia y preservación de los archivos de las Comisiones Valech I y Valech II, el INDH ha señalado la importancia de los archivos que registran violaciones a los derechos humanos. Desde una perspectiva de justicia transicional, los documentos guardados en estos archivos son insumos indispensables para los procesos judiciales, porque permiten identificar patrones de responsabilidad estatal, establecer cadenas de mando y aportar pruebas en causas de desaparición forzada o crímenes de lesa humanidad.

Al mismo tiempo, y desde el punto de vista de la reparación, los archivos permiten a las familias acceder a información sobre sus seres queridos, rompiendo décadas de silencio. Y por último, en una dimensión social y de compromiso democrático, los archivos garantizan que la memoria sobre lo ocurrido no quede oculta, promoviendo la educación en derechos humanos y la no repetición.

El fallo evidencia las dificultades de acceder a la verdad. La destrucción de estos documentos imposibilita contar con información relevante respecto al funcionamiento de la CNI entre 1980 y 1982 o el seguimiento realizado al ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Informe Anual del INDH

El INDH incorporó en el Informe Anual 2025 el capítulo Derecho a la verdad y acceso a archivos que documentan las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Aquí se refirió a este caso y señaló las dificultades para avanzar en el acceso a la verdad: “Estos procesos no han estado exentos de retrocesos o pausas que reflejan las persistentes disputas sobre cómo enfrentar el pasado, la difícil construcción de acuerdos políticos para superar trabas normativas, así como la resistencia de los responsables y de quienes participaron o conocieron de las violaciones a los derechos humanos a terminar con los pactos de silencio respecto de los crímenes y, de esa manera, favorecer el acceso a la justicia y la reparación”.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago puede ser revisado aquí. El capítulo del Informe Anual 2025 puede descargarse aquí.