A 20 días de ser informados de su “suspensión” de labores, Funcionarios a Honorarios de la Seremi de Bienes Nacionales de la Región del Biobío siguen sin una respuesta por parte de jefaturas y de la autoridad.
El pasado 28 de marzo, y a dos días de fin de mes, 45 funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales de la Región del Biobío, de un total 75, fueron notificados que no continuarían con sus funciones en abril, y hasta nuevo aviso. Hoy, pasado 20 días de dicha fecha, y tras ser llamados a reunión 12 de ellos, para ser informados que retomarían sus labores, 33 de los honorarios siguen sin tener una respuesta por parte de la autoridad.
La paralización de las labores inició cuando, por orden del Gobierno Regional, se emitió un oficio ordinario que indicaba que debían ser suspendidas las actividades y gastos del programa “Saneamiento de Títulos de Dominio para Beneficiarios Vulnerable Etapa II”, en ejecución por parte de dicho ministerio con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y bajo el cual estarían contratados 43 trabajadores de la secretaría. No obstante, el 1 de abril, y, mediante la redacción de un nuevo oficio efectuado por el Gobierno Regional, se autorizó la continuidad de actividades y gastos respectivos al programa, entendiéndose que las labores continuarían de igual manera.
El programa es financiado con 1280 millones de pesos ya aprobados por el GORE, de los cuales 1068 ya han sido transferidos al Ministerio para su ejecución desde el inicio de éste, septiembre de 2020, hasta marzo de 2022, quedando un saldo de 212 millones de pesos para dar continuidad al programa y para pagar de los sueldos de los funcionarios desde abril hasta el término de éste, en octubre.
Pese a que el Seremi de Bienes Nacionales Biobío, Cristian Cerro expresó el lunes en entrevista radial a Radio Centinela que, “Conversamos con Rodrigo Díaz y llegamos a un acuerdo, y esa gente ya está de vuelta trabajando tanto en el proyecto de regularizaciones del Gobierno Regional como en el de CONADI”, los funcionarios desmienten sido llamados para retornar a sus funciones.
“Han pasado 20 días desde la suspensión, que sería hasta nuevo aviso, y desde entonces no hemos sido contactados por las jefaturas o autoridad. Nos enteramos extraoficialmente que un nuevo oficio habría dejado sin efecto el anterior, y por lo que asumimos que, ante la autorización del GORE para continuar con el programa, y estando el dinero en el Ministerio, se nos llamaría para retomar nuestras labores, pero no ha pasado nada”, explicó Stephanie López, funcionaria afectada de Bienes Nacionales.
Negligencia y eventual Costo al Estado
Puesto que la “suspensión” de labores a la cual están sujeto los 33 trabajadores no fue decisión de los afectados, ni tampoco se encuentra escrita, el Estado debería seguir haciéndose cargo del pago de sus sueldos. Es decir, tan solo por el mes de abril, y a razón de una remuneración promedio de $500.000, el Fisco ya adeudaría a lo menos $16.500.000 pesos.
Respecto a la situación en el Servicio, M. Angelina Ortiz, abogada (Mag. En Derecho del Trabajo y Seg. Social de la Universidad de Concepción, y Dipl. En Derecho Público Laboral de la U. de Chile) explicó que: “El hecho que el Estado no se haga cargo de la laboralización de los contratos a honorarios del sector público irroga un tremendo gasto fiscal, no solo respecto de las indemnizaciones y prestaciones que por ley le correspondan al trabajador, y que van a ser reconocidas en las sentencias; sino también con el pago de los intereses, reajustes y multas de las cotizaciones pendientes, cuyo pago dispara cualquier monto previsible. Y esto sin siquiera considerar eventuales acciones de tutela por vulneración de Derechos Fundamentales, lucro cesante o daño moral, situaciones que se evalúan caso a caso, y que también aumentan estas sumas”.
De este modo, la profesional explicó que, de concretarse la desvinculación de los 33 funcionarios, el Estado se podría ver enfrentado a demandas múltiples, en donde el Fisco, a través de los impuestos de los contribuyentes, podría verse condenado, a lo menos, al pago de más de $180.000.000; y esto solo si se consideran despidos injustificados con una antigüedad de 2 años y una remuneración promedio de $500.000; pues estos cálculos aumentarían exponencialmente en el caso de trabajadores más antiguos, y aquellos que hayan sido objeto de discriminación u otra vulneración de garantías, lo que implicaría una sanción de 6 a 11 sueldos adicionales, por trabajador.
Respecto de la situación, el Diputado de la República, Sergio Bobadilla, expresó que: “La estabilidad laboral de 33 personas EN el Ministerio de Bienes Nacionales está en peligro y no por su desempeño, sino más bien, por una cuestión de carácter político. Por eso hago un llamado al Gobernador Rodrigo Díaz para que intervenga, interceda ante las autoridades del ministerio para no sean desvinculados los trabajadores de esta repartición que han hecho un verdadero aporte, a través de este Ministerio, para entregar soluciones oportunas y eficaces a muchos ciudadanos de la Región”.
NUEVAS CONTRATACIONES PESE A PROHIBICIÓN DE CONTRALORÍA.
Aunque existan instrucciones impartidas por el dictamen de Contraloría NºE173171/2022 de 10 de enero, que prohíbe la contratación de nuevos funcionarios que cumplan las labores técnicas específicas de los funcionarios suspendidos, y que deja al servicio en funcionamiento con 50% de la dotación profesional, en la Seremi hay nuevas contrataciones.
“El lunes fue un día extraño. Nos enteramos por prensa que supuestamente habríamos sido reintegrados todos. Luego, preguntando, nos enteramos que 12 nomás habrían sido re vinculados, solo ¼ de los “suspendidos”, esto, sin tener ninguna información oficial para comprender el criterio empleado para que unos volvieran y otros no. Por último, sabemos de nuevas contrataciones, pese a existir la prohibición de ello”, explicó desconcertado Sergio Cárdenas, funcionario afectado de Bienes Nacionales.
“La autoridad entrante sólo podrá contratar el 2023 (y en lo sucesivo) en modalidad contrato a honorarios a aquellos funcionarios que tenían la condición de honorarios al 31 de diciembre de 2021, pues de lo contrario, la limitación y prohibición de nuevas contrataciones contenida en dichas instrucciones, será plenamente vigente”- Contraloría NºE173171/2022.
A su vez, como especifica el dictamen, los funcionarios afectados realizan labores técnicas y específicas de fundamental relevancia en la tramitación de los casos gratuitos que ve el programa:
“I. Situación actual de las personas contratadas a honorarios por la Administración del Estado La aludida normativa fue concebida originalmente para contratar a expertos que colaborasen con la gestión de la Administración y así contribuir al ejercicio de una mejor función pública, lo que suponía que esa pericia no se encontraba entre los funcionarios que prestaban servicios de manera habitual en la institución, o bien que se trataba de un conocimiento específico que no era propio de la gestión habitual del organismo.”
Ralentización del servicio y usuarios afectados
El programa “Saneamiento de Títulos de Dominio para Beneficiarios Vulnerables Etapa II” permite financiar 1400 casos gratuitos en la región, cuya meta debería cumplirse a su término, en octubre de 2022. Este, está dirigido a vecinos de la región, principalmente habitantes de zonas rurales, y que, producto de su situación socioeconómica, éste sería la única forma en que ellos pueden realizar dichos trámites de forma gratuita para regularizar sus propiedades y obtener sus Títulos de Dominio.
Debido a que los funcionarios afectados pertenecen principalmente a las unidades de Regularización, Bienes Nacionales y Catastro, que cumplen labores específicas de geomensura, elaboración de planos o ven el área legal de las regularizaciones, y, considerando que, dichas funciones no pueden ser suplidas por nuevas contrataciones de acuerdo al dictamen de contraloría, es inminente pensar que el funcionamiento del servicio con el 50% de su dotación implicará un efecto directo en los usuarios.
El detenimiento de casos de familias, o de gestiones pendientes en el Ministerio, que se verían entorpecidas y ralentizadas, perjudicarán directamente a los usuarios, quienes pudiesen retrasarse en el cumplimiento de los plazos para las tramitaciones de otras gestiones en otros servicios, como la postulación a subsidios, lo que a largo plazo se materializa en que dichas familias no puedan obtener un título de dominio.
Corina Toledo, usuaria de Talcahuano del Servicio, lleva 8 años junto con 12 familias intentando regularizar por la DOM y teniendo respuesta negativa, por tanto, debido a su caso en específico, la única opción posible para regularizar es a través de Bienes Nacionales. Para ella la situación en el Servicio es preocupante ya que, “para nosotros un sistema con menos funcionarios nos significa más tiempo de espera, y mientras uno tramita, sigue pagando arriendo, y considerando que hay algunos de nosotros sin trabajo, otros de allegados, por supuesto que nos deja intranquilos, en cómo va a afectarnos a largo plazo a nosotros o a otros vecinos, porque es evidente que, si reciben la misma cantidad de casos, pero hay la mitad de trabajadores gestionándolos, a alguien le va a afectar”, explicó.
Información adicional Relevante
1. DICTAMEN E173171N22- 10.01.2022
6.1.-CGR-DICTAMEN-N°E173171.pdf (diarioconstitucional.cl)
Entrevista Radio Centinela a Seremi Cristian Cerro, 18 de abril de 2022
Radio Centinela FM - RADIO CENTINELA | Facebook
Cuña Seremi Cristian Cerro: Minuto 7.30.
Antiguas notas:
FUNCIONARIOS DE LA SEREMI DE BBNN BIOBÍO SUSPENDIDOS DE SUS FUNCIONES (www.lanalhuenoticias.cl)
La falta de servicio como criterio de imputación respecto de la responsabilidad del Estado administrador: un análisis desde la doctrina y jurisprudencia nacional
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/134675
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