Ante las declaraciones de la fiscal regional del Biobío Marcela Cartagena publicadas ayer 16 de agosto en Diario El Sur de Concepción, en las que se refiere a las dificultades que tienen los fiscales para investigar hechos de violencia en la provincia de Arauco, señalando "HOY TENEMOS DIFICULTAD, PORQUE A LA GENTE QUE VA A INVESTIGAR, LE DISPARAN", la Asociación de Contratistas Forestales A.G., ACOFORAG, expone:

El Ministerio Público tiene la obligación legal de utilizar todos los medios necesarios para investigar aquellos hechos que revistan el carácter de delito, ese es su trabajo y no es razón válida lo expresado por la fiscal regional para justificar los nulos y malos resultados de la fiscalía regional del Biobío: 1 atentado esclarecido de 90 ocurridos a contratistas forestales desde el año 2014, 1,1 % de eficacia.

Esta institución debe contar con todos los medios para hacer su trabajo. Si la violencia en la provincia de Arauco no les permite a los fiscales acceder al sitio del suceso o a realizar las indagatorias, es su obligación solicitar apoyo en las instancias necesarias. Ante lo señalado por la fiscal regional, nos queda absolutamente claro que de no cambiar la estrategia de investigación, no se llegará a ningún resultado ante las innumerables querellas presentadas por las autoridades y empresas contratistas afectadas.

Cuando afirmamos como Asociación Gremial que en la provincia de Arauco y en la región de La Araucanía hay desgobierno, falta de Estado de Derecho y que las instituciones que nos deben entregar las garantías constitucionales, no lo hacen, las declaraciones de la fiscal regional reafirman nuestra postura.

Esas declaraciones también confirman que el gobierno no le garantiza a nadie -ni al Ministerio Público-, la seguridad requerida para realizar su trabajo.