La transformación del sector rural fue, en realidad, una transformación que se extendió más allá del campo. Incidió en toda la comunidad chilena, al modificar la manera de relacionarse entre los distintos grupos sociales. Además, significó un reconocimiento a la dignidad de las personas. A 50 años de su implementación, recordamos este gran desafío.

La Reforma Agraria en Chile fue un proceso político iniciado por los gobiernos democráticos de las décadas del 50 y 60 del siglo XX, orientado a romper con la disminución alarmante de la producción de alimentos del sector agropecuario provocada por los dueños de la tierra y a producir un cambio profundo en las relaciones sociales que había impuesto el sistema de encomiendas en la colonia y por la creación de grandes latifundios durante la historia republicana.

Se trataba de poner fin a un sistema injusto en que los dueños de la tierra sometían a los trabajadores del campo a un régimen de servidumbre y explotación que no reconocía derechos a los trabajadores. Valga decir que sólo durante el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), se estableció una ley que obligaba a la suscripción de un contrato de trabajo entre el patrón y sus dependientes, lo que antes se regía por el sistema de inquilinato, absolutamente desfavorable para los trabajadores agrícolas y sus familias. Esta legislación no fue respetada por los propietarios.

La necesidad de establecer cambios en las relaciones de trabajo en el campo e impulsar la modernización de las actividades agropecuarias fue tan evidente que el Gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964) se vio obligado a dictar una Ley de Reforma Agraria (N° 15.020 de 1962), presionado por Estados Unidos para así recibir la ayuda económica de la llamada Alianza para el Progreso. Esta ley calificada como “La Reforma del Macetero” no contribuyó a modificar las relaciones económicas y sociales en el campo chileno.

Hace 50 años

El real proceso de la Reforma Agraria fue iniciado por el Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) con la Ley N° 16.640, aprobada en julio de 1967 por la mayoría absoluta del Congreso Nacional (105 votos a favor, 8 en contra), y aplicada en forma intensa por el Gobierno de Salvador Allende. La ley permitía la expropiación de predios que superaban una determinada superficie y el pago por parte del Estado a los propietarios. Por lo tanto, no fue un mecanismo arbitrario el que se aplicó, como difundieron los propagandistas de la dictadura militar.

Esta ley modernizó la estructura del Ministerio de Agricultura, creando tres instituciones fundamentales para su implementación: el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Corporación de la Reforma Agraria (CORA). El surgimiento de estos organismos revela que las prioridades del proceso estaban en la modernización de las actividades agrícolas y ganaderas.

La actividad forestal no está señalada específicamente en la ley. Sin embargo, a poco andar quedó en evidencia su importancia en el quehacer campesino, por lo que fue creada en la estructura superior del SAG la División Forestal con la misión de impulsar la forestación y el cuidado de los bosques naturales, la protección contra los incendios forestales, la administración del patrimonio forestal del Estado (parques nacionales y reservas forestales) y de velar por la aplicación de la legislación forestal, además de apoyar el proceso de la Reforma Agraria con asistencia técnica. Por su parte, la CORA creó un Departamento Forestal.

Durante la implementación de la Ley de Reforma Agraria, ante la trascendencia de las actividades forestales en la gestión de los predios expropiados, se formaron equipos de profesionales de apoyo técnico en varias Oficinas Provinciales. Ya con la aplicación de la Ley N° 15.020 el Estado había asumido la tarea de desarrollar la actividad forestal en predios bajo la administración de la Caja de Colonización Agrícola y otros organismos públicos.

Cooperativa

Después de egresar de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile, conocí la experiencia del Fundo Caupolicán de Purén durante la última práctica profesional en el verano de 1967. Este predio, de más de 2.200 hectáreas, poseía una plantación de pinos de unas 1.000 ha, aproximadamente, y allí la CORA estableció un proyecto que contemplaba la organización de una cooperativa destinada a utilizar los bosques y el desarrollo de una industria de aserrío. CORA aportó un equipo de profesionales nacionales y extranjeros vinculados a la FAO, para asesorar a la directiva de esa asociación. Se firmó un convenio entre CORA y la cooperativa, en el que se consignaba el traspaso de la propiedad a los campesinos, un proceso de pago de largo plazo y la construcción de una población para las familias de más de 200 cooperados. Esta valiosa experiencia fue abortada por el golpe militar de 1973: la cooperativa fue disuelta, los dirigentes encarcelados, las casas rematadas y el predio vendido a un industrial de Los Ángeles, terreno que después fue transferido a una empresa neozelandesa.

Mientras que en la provincia de Arauco se iniciaron proyectos similares en los predios de Lanalhue y Trangilvoro y otros en la parte sur de la Cordillera de Nahuelbuta. Se ejecutaron planes de forestación en las dunas de Paicaví, Pangue y Ranquilco, en acuerdo con las comunidades mapuche del área. Esta importante iniciativa fue también abortada por el golpe militar. Las dunas se entregaron en forma gratuita a propietarios de la provincia. Las plantaciones y los predios antes mencionados se asignaron por vil precio a las grandes empresas forestales, quedando en la miseria los campesinos y mapuches que serían beneficiarios.

Complejo Forestal de Panguipulli

El evento de mayor significado para el sector forestal originado por la aplicación de la Reforma Agraria y en el que me vi directamente involucrado fue el conocido como Complejo Forestal de Panguipulli. En enero de 1971 fui destinado por el Ministro de Agricultura del Gobierno de Salvador Allende a la provincia de Cautín para asumir la Dirección de la Administración de Parques Nacionales y Reservas Forestales (APARFO), organismo creado durante la Presidencia de Eduardo Frei bajo la tuición del Servicio Agrícola y Ganadero. APARFO administraba los parques nacionales y las reservas forestales ubicadas entre las provincias de Biobío y Chiloé.

Participé en la toma de posesión de 14 predios expropiados en la provincia de Valdivia, que cubrían más de 300.000 hectáreas de tierras que el pueblo mapuche perdió en la llamada “Pacificación de La Araucanía”. Constituían una masa de bosques naturales muy valiosos, pese a que habían sido sometidos a una explotación intensa durante décadas con cortas selectivas y luego los terrenos dedicados a la ganadería.

En un principio, el Ministro de Agricultura de la época, Jacques Chonchol, tuvo la decisión de entregar ese patrimonio al cuidado de la APARFO y transformarlo en una gran Reserva Forestal. Pero, posteriormente, el Gobierno determinó que sería administrado como empresa CORFO, la que después fue transferida a los campesinos que allí trabajaban. Se constituyó, entonces, un Consejo de Administración elegido por los campesinos y un equipo de profesionales del Instituto Forestal y de la CORA participó en la formulación de un proyecto sobre ordenación de los bosque naturales, forestación con especies autóctonas, reactivación de la infraestructura industrial paralizada por los antiguos propietarios, más un plan de incremento de las actividades industriales con aserraderos móviles.

Tras el golpe militar, el proyecto fue desmantelado; muchos campesinos, perseguidos y asesinados; y los fundos, vendidos al mejor postor o devuelto a sus antiguos propietarios.

Desde la creación de la Corporación de Reforestación en 1970 y de la CONAF en abril de 1972 fueron realizados numerosos proyectos de forestación en predios incorporados a la Reforma Agraria, mediante el sistema de Convenios de Forestación, mecanismo utilizado por el Estado antes de la dictación del DL 701, norma definida por las grandes empresas forestales e impuesta por el régimen militar.

En definitiva, el proceso de la Reforma Agraria -a 50 años de su implementación en profundidad- significó un gran desafío para los profesionales del área silvo-agropecuaria, el inicio de un programa de modernización de la agricultura y de la agroindustria y una escuela de formación en administración para los campesinos organizados en cooperativas.