Hace unos meses escribí acerca de la necesidad de involucrarnos en el tema de la Adaptación al Cambio Climático, sus efectos a nivel local y, cómo abordarlo desde nuestra institucionalidad.

El planteamiento, elaborado en el contexto de los aportes al programa del Senador Guillier, consiste en un diagnóstico y una propuesta que se avala hoy, luego de los incendios forestales.

El Clima cambia, sus manifestaciones escapan a las estacionalidades y oscilan entre fenómenos meteorológicos extremos y aislados (Lluvias torrenciales, Aluviones, Incendios Forestales), con cambios que se observan más permanentes y por lo tanto, con posibilidades de prever (Avance de la desertificación), para oportunas políticas de reconversión en la agricultura o la adaptación de las redes de salud pública ante nuevas amenazas, entre otras.

Por otro lado, tenemos un territorio diverso en sus formas y procesos, lo que no nos permite abordar el problema desde un solo factor o variable, que puede impactar de diferente forma los asentamientos humanos.

En este contexto, el tener un organismo único y centralizado (ONEMI), donde sus precarios recursos humanos no son capaces de abordar en tiempo y recursos las emergencias locales, nos obliga a mirar la necesidad de adaptarnos a los nuevos desafíos.

La propuesta consiste en modificar la Ley General de Municipalidades, creando en todos los municipios del país, una Oficina de Adaptación al Cambio Climático. Esta oficina, técnica y educativa, que representa mucho más que las actuales oficinas de emergencia municipal, de bajo presupuesto y mínima capacidad de respuesta operativa. Debe concebirse como el órgano de estudio de riesgos territoriales, prevención de catástrofes naturales y organización ciudadana, que permita canalizar y dirigir los esfuerzos solidarios de la sociedad civil, orientando y capacitando a sus vecinos en base a sus potenciales riesgos de su territorio.

Esta propuesta, claramente se inserta en una política de fortalecer las organizaciones intermedias para los nuevos desafíos ambientales, sus efectos se manifiestan duramente en los sectores más vulnerables de la sociedad, donde no tienen más opción que la ayuda solidaria, ya que el Estado de Chile ha minimizado al máximo su capacidad de atención y reacción oportuna a este concepto de "emergencias" que se harán cada vez más seguidas, en diferentes localidades de nuestro largo territorio.

Esto no implica desconocer el avance que se realiza a nivel de ONEMI, que debe seguir con su reingeniería, así como las iniciativas de capacitar a personal de las fuerzas armadas y celebrar, como lo digiera la Presidenta Bachelet y confirmara el Presidente Macri de Argentina, convenios de cooperación militar y civil para atender catástrofes naturales.

Se trata de involucrar a la ciudadanía, educarla, prevenirla y capacitarla sobre sus propios riesgos, que sepan qué y dónde movilizarse ante una situación de riesgo, probablemente no para estar en la primera línea de fuego, pero si para realizar el soporte que hemos visto como una necesidad en los últimos incendios que han afectado nuestro país.